Chichén Itzá sigue cerrado por decisión deliberada del Gobierno Federal y Gobierno de Yucatán buscan asfixiar económicamente al pueblo de Pisté y al Consejo Indígena.
A casi 24 horas de la fallida reunión entre autoridades y representantes del Consejo Indígena de Gobierno de Pisté, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Yucatán, a través del INAH, se niegan a decretar la reapertura de la zona arqueológica de Chichén Itzá, manteniendo un cierre que claramente busca asfixiar económicamente a la población originaria y a casi 600 familias que dependen directamente del turismo en el antiguo parador.
Esta medida, que ya cumple varios días, no responde a supuestos mantenimientos, sino que forma parte de una estrategia para forzar la reubicación de los habitantes de Pisté hacia el nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI), sin haberlos consultado previamente y violentando sus derechos económicos y territoriales.
Los pobladores originarios, reunidos en asamblea la noche del sábado, denunciaron con firmeza que las autoridades federales y estatales han optado por la vía de la presión económica: cerrar el acceso tradicional y el estacionamiento ubicado dentro del poblado para obligarlos a aceptar un desplazamiento que les arrebataría su principal fuente de ingresos.
"No vamos a aceptar la reubicación. El antiguo parador es parte de nuestra comunidad y de nuestra economía. Están intentando asfixiarnos para que nos rindamos", señalaron integrantes del Consejo Indígena de Pisté.
Hasta este momento, ni el INAH ni el Gobierno de Yucatán han emitido comunicado alguno anunciando la reapertura del sitio arqueológico. Esta omisión deliberada agrava el daño económico a guías, artesanos, vendedores y prestadores de servicios que ven cómo día con día se acumulan pérdidas millonarias.
El conflicto evidencia una clara falta de voluntad política para dialogar de buena fe y respetar los acuerdos previos. Mientras las autoridades guardan silencio, las familias de Pisté resisten y advierten que mantendrán sus acciones si no se restituye de inmediato el acceso por el parador turístico antiguo.
La población originaria exige la reapertura inmediata de la zona arqueológica por el acceso tradicional, detener el cierre que busca asfixiar económicamente a la comunidad y ser tomados en cuenta en cualquier decisión que afecte su territorio y sustento. La postura de los pobladores es clara y precisa y no hay vuelta de hoja.